Cuando pensamos en los tribunales, normalmente imaginamos abogados, jueces, complicados argumentos legales y disputas que pueden tener importantes consecuencias para las personas o las empresas implicadas. Sin embargo, no todos los casos judiciales tienen que ver con grandes delitos, conflictos empresariales o cuestiones de enorme trascendencia. En Estados Unidos, algunos litigios han conseguido llamar la atención precisamente por todo lo contrario, con reclamaciones tan insólitas que parecen más propias de una película de humor que de un procedimiento judicial real.
El sistema judicial estadounidense ha sido escenario de algunas de las demandas más sorprendentes que podamos imaginar. Personas que reclaman millones de dólares por incidentes aparentemente insignificantes, consumidores que interpretan literalmente anuncios publicitarios, particulares que deciden demandar a personajes tan inesperados como Dios o incluso litigios relacionados con los derechos de autor de las fotografías hechas por un mono. Historias que, por extrañas que parezcan, llegaron realmente a los tribunales y generaron importantes debates legales y mediáticos.
Lo más interesante es que no todas estas reclamaciones acabaron de la misma manera. Algunas fueron desestimadas por los jueces, otras terminaron con acuerdos o indemnizaciones y unas cuantas dieron lugar a decisiones judiciales que todavía se estudian en el ámbito del derecho.
Estas son algunas de las demandas más curiosas, extravagantes y sorprendentes de la historia judicial estadounidense. Casos reales que demuestran que, en ocasiones, la realidad puede superar ampliamente a la ficción.
Un senador decidió demandar a Dios
Empezamos con un caso difícil de superar. En 2007, Ernie Chambers, senador estatal de Nebraska, presentó una demanda judicial contra Dios. En su escrito, Chambers acusaba a Dios de provocar inundaciones, terremotos, huracanes, tornados, plagas y otras catástrofes que habían causado la muerte y el sufrimiento de millones de personas. Su petición era que el tribunal dictara una orden permanente para que Dios cesara esas actividades.
Sin embargo, detrás de esta iniciativa había una intención bastante diferente de la que podía parecer. Chambers quería llamar la atención sobre las dificultades que pueden encontrar los ciudadanos para acceder a la justicia y criticar las iniciativas destinadas a limitar las demandas consideradas frívolas. Su argumento era que cualquier persona debía poder presentar una demanda, independientemente de quién fuera el demandado.
El desenlace fue todavía más curioso. En octubre de 2008, el juez Marlon Polk desestimó el caso porque no se había podido notificar legalmente la demanda al acusado. Según el tribunal, era imposible efectuar una notificación formal a Dios porque no existía una dirección a la que enviarla.
Chambers respondió que, si el propio tribunal reconocía la existencia de Dios, también debía reconocer su omnisciencia y, por tanto, que ya estaba informado de la demanda. Una argumentación que, evidentemente, no convenció al juez.
Un preso que se demandó a sí mismo por cinco millones de dólares
Si demandar a Dios parece una idea poco convencional, lo que hizo Robert Lee Brock tampoco se queda atrás. En 1995, este preso de Virginia presentó una demanda civil contra sí mismo en la que reclamaba cinco millones de dólares en concepto de indemnización.
Su razonamiento era bastante peculiar. Brock sostenía que, al consumir alcohol, había vulnerado sus propias creencias religiosas y que, bajo los efectos de la bebida, había cometido los delitos que finalmente lo llevaron a prisión. Por tanto, consideraba que había violado sus propios derechos civiles y religiosos.
La parte más interesante llegó cuando explicó quién debía pagar la indemnización. Como estaba encarcelado y no tenía ingresos para abonarse a sí mismo los cinco millones de dólares, solicitó que fuera el Estado de Virginia quien asumiera el pago.
La jueza Rebecca Beach Smith desestimó la reclamación. El caso, que se presentó mediante un escrito manuscrito de siete páginas, quedó para la historia como uno de los ejemplos más insólitos de litigación civil estadounidense.
Una tintorería demandada por 54 millones de dólares por unos pantalones
En 2005, Roy Pearson, un juez administrativo de Washington D. C., llevó un traje a una tintorería familiar para realizar unos arreglos. Cuando regresó a recogerlo, descubrió que había un problema con uno de los pantalones, que según él había desaparecido.
Los propietarios del negocio, Soo y Jin Chung, aseguraban que habían devuelto la prenda correcta, pero Pearson no quedó satisfecho con las explicaciones. La disputa terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla judicial para la pequeña empresa.
Pearson presentó una demanda en la que inicialmente reclamaba 67 millones de dólares, cantidad que posteriormente redujo a unos 54 millones. Entre sus argumentos figuraba que el establecimiento había incumplido sus promesas comerciales, especialmente los carteles que anunciaban "Satisfaction Guaranteed" (satisfacción garantizada). La cantidad solicitada incluía diferentes conceptos, entre ellos daños emocionales, gastos legales y otros perjuicios que Pearson atribuía al incidente.
En junio de 2007, la jueza Judith Bartnoff falló a favor de los propietarios de la tintorería y rechazó las pretensiones del demandante. Pearson recurrió la decisión, pero también perdió la apelación.
El episodio tuvo consecuencias para ambas partes: los propietarios tuvieron que afrontar importantes gastos legales y Pearson acabó perdiendo su puesto como juez administrativo tras una evaluación de su conducta profesional.
Un hombre llamado Jack Ass demandó a MTV por utilizar un nombre demasiado parecido al suyo
Esta historia parece un chiste, pero ocurrió realmente. En 1997, un hombre de Montana llamado Bob Craft decidió cambiar legalmente su nombre por Jack Ass. El motivo no era precisamente convertirse en una celebridad. Craft quería llamar la atención sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente después de que su hermano y un amigo fallecieran en un accidente de tráfico. Para promover su campaña, también creó un personaje llamado Andi Ass.
El problema llegó unos años después, cuando a cadena MTV estrenó su popular programa Jackass, protagonizado por Johnny Knoxville y otros participantes que realizaban acrobacias y bromas extremadamente peligrosas.
Jack Ass consideró que el programa estaba perjudicando la reputación que había construido con su campaña y decidió demandar a Viacom, la empresa propietaria de MTV. Reclamaba al menos diez millones de dólares por supuesta infracción de derechos de autor, marcas y difamación.
En julio de 2003, un juez federal de Montana desestimó la demanda. Entre otros motivos, explicó que no se podían reclamar derechos de autor sobre una palabra o un nombre propio de esa manera, y que tampoco existían fundamentos suficientes para sostener la acusación de difamación.
Un mono que demandó por los derechos de autor de sus propios selfies
En 2011, un fotógrafo británico llamado David Slater se encontraba trabajando en una reserva natural de Indonesia cuando dejó su cámara fotográfica al alcance de un macaco de cresta negra. El animal, llamado Naruto, comenzó a manipularla y terminó haciendo varias fotografías, entre ellas algunos autorretratos que se hicieron mundialmente famosos como los Monkey Selfies.
Las imágenes se difundieron por Internet y acabaron apareciendo en diferentes publicaciones. El problema surgió cuando se planteó quién tenía los derechos de autor de las fotografías: ¿el fotógrafo que había preparado la cámara o el mono que había pulsado el disparador?
El caso llegó hasta el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que en abril de 2018 confirmó la desestimación de la demanda. La resolución estableció que los animales no podían reclamar derechos de autor bajo la legislación estadounidense vigente.
El litigio tuvo incluso un pequeño giro adicional: PETA y el fotógrafo llegaron a un acuerdo durante el proceso, aunque el tribunal de apelaciones siguió adelante con la resolución sobre la capacidad de los animales para reclamar derechos de autor.
Así que, aunque Naruto consiguió fama mundial gracias a sus fotografías, no logró convertirse legalmente en propietario de sus derechos de explotación.
Una demanda colectiva porque los bocadillos de Subway medían menos de 30 centímetros
En enero de 2013, un adolescente australiano publicó en Facebook una fotografía de un bocadillo Footlong de Subway junto a una regla. El producto, que supuestamente debía medir 12 pulgadas (unos 30 centímetros), apenas alcanzaba las 11 pulgadas (unos 28 centímetros). La imagen se hizo viral y rápidamente comenzaron a aparecer fotografías de otros clientes que habían encontrado bocadillos de dimensiones similares.
Lo que podría haber quedado en una simple anécdota terminó provocando varias demandas colectivas en Estados Unidos contra la cadena de comida rápida. Los demandantes argumentaban que Subway estaba engañando a sus consumidores al vender productos que no cumplían las dimensiones anunciadas.
La investigación judicial descubrió que las diferencias se debían principalmente a las variaciones naturales del proceso de horneado. Además, los ingredientes de los bocadillos se servían en cantidades estandarizadas, por lo que un pan ligeramente más corto no significaba necesariamente que el cliente recibiera menos comida.
Las partes llegaron a un acuerdo que contemplaba medidas para intentar garantizar que los bocadillos alcanzaran las dimensiones anunciadas. También se establecieron honorarios para los abogados de hasta 525.000 dólares.
Sin embargo, en agosto de 2017, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito anuló el acuerdo. Consideró que los beneficios para los consumidores eran prácticamente inexistentes y que el acuerdo favorecía fundamentalmente a los abogados que habían llevado el litigio.
La mujer que demandó a McDonald's por quemarse con un café
Pocas demandas han generado tanta polémica como la presentada por Stella Liebeck contra McDonald's. Durante años, este caso se ha utilizado como ejemplo de las reclamaciones absurdas que pueden llegar a los tribunales estadounidenses. Sin embargo, cuando se conocen los detalles, la historia cambia considerablemente.
En 1992, Liebeck, una mujer de 79 años, compró un café en un establecimiento de McDonald's. Mientras se encontraba en el asiento del acompañante de un coche estacionado, intentó abrir el recipiente y derramó el contenido sobre sus piernas. El café estaba a una temperatura muy elevada y le provocó quemaduras de tercer grado en una parte importante de la zona afectada. Tuvo que permanecer hospitalizada durante ocho días, someterse a injertos de piel y recibir tratamiento durante un largo periodo.
Liebeck solicitó inicialmente a McDonald's unos 20.000 dólares para cubrir sus gastos médicos, pero la compañía ofreció únicamente 800 dólares. Ante la falta de acuerdo, decidió acudir a los tribunales.
En 1994, un jurado consideró que McDonald's tenía una responsabilidad importante en el accidente y concedió a la demandante 200.000 dólares por daños compensatorios, cantidad que se redujo a 160.000 al atribuirle un 20 % de responsabilidad. También estableció 2,7 millones de dólares en daños punitivos.
Posteriormente, el juez redujo esta última cantidad a 480.000 dólares. Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial confidencial.
El caso es especialmente interesante porque las pruebas demostraron que McDonald's había recibido numerosas quejas anteriores por quemaduras provocadas por su café. Por tanto, no se trataba simplemente de una persona que había derramado accidentalmente una bebida caliente, sino de un litigio sobre la responsabilidad de una empresa por los riesgos de sus productos.
El gato que hablaba y acabó protagonizando un juicio en Estados Unidos
En 1981, una pareja de Georgia encontró una forma bastante original de ganarse la vida. Carl y Elaine Miles recorrían las calles de Augusta acompañados de un gato negro llamado Blackie, al que presentaban como un animal capaz de pronunciar palabras y pequeñas frases en inglés. Las personas que se detenían a escucharlo podían dejar una contribución económica a cambio de disfrutar de su peculiar espectáculo. Lo que probablemente no imaginaban era que aquel pequeño negocio acabaría protagonizando un auténtico enfrentamiento judicial.
Según explicó Carl Miles durante el procedimiento, todo había comenzado cuando recibió una especie de mensaje divino que le indicó que debía quedarse con un gatito negro. Cuando Blackie tenía unos cinco meses, su dueño empezó a entrenarlo para que imitara sonidos humanos. Para conseguirlo, grababa los sonidos del animal y se los reproducía durante horas, mientras el gato observaba los movimientos de sus labios. Después de aproximadamente un año y medio de entrenamiento, Miles aseguraba que Blackie podía pronunciar expresiones que el público entendía perfectamente.
El espectáculo empezó a atraer a curiosos y a generar ingresos para la pareja, que llegó a presentar al animal en programas de radio y televisión. Sin embargo, cuando comenzaron a actuar en las calles de Augusta, las autoridades municipales les exigieron obtener una licencia comercial. El problema era que la normativa local establecía diferentes categorías para negocios y profesiones, pero, naturalmente, no contemplaba ninguna actividad relacionada con gatos parlantes.
El caso llegó al Tribunal Federal del Distrito Sur de Georgia, donde el juez William A. Bowen dejó constancia de un episodio difícil de olvidar. Durante el proceso tuvo ocasión de encontrarse personalmente con un gato negro acompañado de un hombre y una mujer en una calle de Augusta.
Al preguntar si el animal realmente hablaba, el dueño le hizo una demostración. Según escribió el propio juez, Blackie pronunció las expresiones "I love you" y "I want my Mama". El magistrado incluso reconoció que el espectáculo le había resultado entretenido y que había dejado un dólar como contribución. Eso sí, aclaró que aquel encuentro casual no formaba parte de las pruebas utilizadas para resolver el litigio.
La anécdota no ayudó demasiado a los propietarios. En noviembre de 1982, el tribunal falló a favor del Ayuntamiento y consideró que las actuaciones de Blackie constituían una actividad comercial sujeta a la normativa municipal. Los Miles recurrieron la decisión, pero en agosto de 1983 el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito confirmó la sentencia. Los jueces concluyeron que la pareja debía obtener la correspondiente licencia y rechazaron sus argumentos constitucionales. Incluso señalaron que Blackie, por muy extraordinarias que fueran sus habilidades, no podía ser considerado una persona protegida por los derechos recogidos en la Constitución estadounidense.
Así terminó la aventura judicial del gato parlante más famoso de Augusta. Blackie no consiguió librar a sus dueños de pagar la licencia, pero sí logró algo bastante más insólito: convertirse en protagonista de una sentencia federal que todavía llama la atención por sus circunstancias y por el peculiar sentido del humor de los jueces que tuvieron que resolver el caso.
Un grupo de adolescentes demandó a McDonald's por provocarles obesidad
Volvemos a McDonald's, aunque esta vez por un motivo bastante diferente. En 2002, dos adolescentes de Nueva York y sus familias presentaron una demanda contra la cadena de comida rápida, alegando que el consumo habitual de sus productos había contribuido a desarrollar problemas de obesidad y otras complicaciones de salud.
Los demandantes argumentaban que McDonald's no había informado adecuadamente sobre determinados riesgos nutricionales de sus productos y que algunas de sus prácticas comerciales podían resultar engañosas.
La demanda generó una enorme controversia en el país. Muchos consideraron que los consumidores debían asumir la responsabilidad de sus propios hábitos alimenticios, mientras que otros defendían que las empresas también debían responder por la información que proporcionaban sobre sus productos.
En enero de 2003, el juez Robert Sweet desestimó inicialmente la demanda porque los argumentos presentados no demostraban suficientemente que los productos de McDonald's fueran responsables de los problemas de salud alegados. Sin embargo, permitió que los demandantes modificaran su escrito para intentar corregir las deficiencias.
El caso, conocido como Pelman v. McDonald's, se convirtió en uno de los primeros litigios estadounidenses de gran repercusión relacionados con la obesidad y la industria de la comida rápida, si bien el resultado fue bastante menos espectacular de lo que cabría esperar.
Aunque el tribunal desestimó inicialmente la demanda en 2003, los demandantes consiguieron que un tribunal de apelación reabriera parcialmente el caso en 2005, permitiendo que continuaran algunas reclamaciones relacionadas con la publicidad supuestamente engañosa de la cadena. Sin embargo, en 2010 el juez rechazó que el procedimiento pudiera continuar como una demanda colectiva. Para entonces, las reclamaciones que atribuían directamente los problemas de salud al consumo de comida de McDonald’s ya habían quedado fuera del litigio.
El caso finalmente no consiguió ninguna indemnización para los demandantes y tampoco dio lugar a una sentencia que declarase responsable a la cadena de su obesidad.
Pepsi y el avión de combate que supuestamente se podía conseguir con puntos
En 1995, Pepsi lanzó una campaña promocional llamada Pepsi Stuff, mediante la cual los consumidores podían acumular puntos comprando sus productos y canjearlos por diferentes artículos de merchandising.
Uno de los anuncios mostraba a un adolescente llegando a su instituto a bordo de un avión militar Harrier. En pantalla aparecía el precio de semejante vehículo: siete millones de puntos Pepsi. Lo que la compañía probablemente no esperaba era que alguien se tomara la publicidad al pie de la letra.
John Leonard consideró que el anuncio constituía una oferta comercial real. Reunió los puntos necesarios mediante compras y dinero y reclamó que Pepsi le entregara el avión de combate. La compañía se negó, argumentando que el anuncio era una exageración humorística y que el avión no figuraba entre los productos incluidos en el catálogo oficial de la promoción.
Leonard decidió llevar el asunto a los tribunales, reclamando que Pepsi había incumplido un supuesto contrato. En agosto de 1999, un tribunal federal de Nueva York falló a favor de la empresa. El juez consideró que ningún consumidor razonable podía interpretar que Pepsi estaba ofreciendo realmente un avión militar.
Leonard recurrió, pero en abril de 2000 el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó la sentencia. El caso terminó convirtiéndose en un ejemplo clásico de derecho contractual y publicidad, y años después inspiró el documental de Netflix Pepsi, ¿dónde está mi avión? (Pepsi, Where's My Jet?).
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